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En la colaboración anterior sobre la epidemia de peste de 1681 registrábamos un grave conflicto entre el clero y el alcalde mayor y regidores de Úbeda. El motivo concreto era da confiscación forzosa por parte de estos últimos de los fondos procedentes del pago y diezmos y otras contribuciones en los domicilios del presbítero canónigo de Santa María y del prior don Juan de Quesada con el fin de sufragar los gastos que ocasionaba el hospital de Santiago durante la epidemia.
Como se recordará, los tribunales eclesiásticos iniciaron un proceso a las autoridades, en el que pedían para éstas la excomunión en caso de que no devolvieran la cantidad sustraída. Era este incidente la culminación de una serie de choques que se habían venido produciendo a lo largo de todo el siglo.
El conflicto que tratamos hoy gira en torno a la venta ilegal de carne en el convento de la Trinidad. La carne era un producto que junto con la sal, el tabaco y otros bienes de consumo, estaban sujetos un fuerte control por parte de la Corona, para poder introducir coyunturalmente en ellos aumentos de precios como forma de obtener los impuestos requeridos por la Real Hacienda. En concreto, en 1641, fecha del primer documento que hace alusión al mencionado problema, las autoridades habían gravado con dos maravedíes, sobre su precio normal, la libra de carne, para el pago del impuesto de millones; el conflicto se suscitó al intentar el alcalde impedir que los conventos de la Trinidad y de la Merced vendieran carne —como en años anteriores— a precio inferior al establecido, haciendo una competencia ilegal a las dos únicas carnicerías oficiales que existían entonces en Úbeda. El texto dice lo siguiente: «...el señor D. Fadrique Dávila, corregidor y justicia mayor desta ciudad dixo que aviendo reconocido los daños que se seguían a la Real Hacienda de Su Magestad por matarse carnes en algunas casas...». Continúa hablando de que ya se han promulgado diversos bandos con graves penas tanto para los que la vendían como para los que la compraban, pero a pesar de ello «...no ha podido remediar que los conventos de la Trinidad y mercedarios desta ciudad se deje de passar carneros y marranos con que se usurpan los derechos Reales llevando las mismas ymposiciones para si en grave daño de la república y del común dello en la paga del servicio hordinario aviendo llegado casi al estado de que en las carnicerías públicas no se pessaba carne ni avia persona que entrasse a comprar en ellas...».
Los corregidores y alcaldes anteriores a don Fadrique habían pedido en diversas ocasiones a los superiores de los conventos que cesasen en el comercio de la carne, sin mucho éxito, como podemos apreciar. Ahora se adoptarán medidas más firmes, aunque no llegarán a tener una aplicación efectiva debido a que las autoridades eludían la mayoría de das veces el choque frontal con instituciones que tenían un poder equiparable al suyo. En este caso, todo se quedó en poner una discreta vigilancia en la calle Trinidad y someter a registro a todos cuantos saliesen del convento de comprar carne. Se sorprendieron «in fraganti» a más de veinte personas, que fueron conducidas a la cárcel. El documento dice que se les iba a sacar a vergüenza pública, pero tal medida no se llevó a cabo «...por ser los presos hijos de vecinos y de honrados deudos».
Si esta falta de decisión se aprecia en la aplicación de sanciones a particulares, es obvio que la prudencia se extremará aún más en el caso del convento, ya que un incidente con la Iglesia podía revestir caracteres mucho más graves.
En alguna ocasión anterior hacíamos mención a la relajación moral que reflejan los Libros de Visitas de la época, con serias amonestaciones de los superiores de algunas congregaciones religiosas a miembros de éstas. El cronista Ruiz Prieto escribe refiriéndose al tema: «el clero no estaba en mejor estado, como acusan los libros de visitas, en donde se advierte la poco edificante conducta dentro y fuera de los templos de algunos clérigos, ordenando su remedio con advertencias y multas.»
Pero volviendo a los sucesos de 1641, hay que señalar que esta falta de firmeza de las autoridades había posibilitado algunos casos de especulación en los que no era raro encontrar algún clérigo. Es por ello que el corregidor Dávila cree conveniente la adopción de medidas más drásticas, ya que «...a su ymitación en otras cassas de clérigos se an pessado carnes, vendido aceyte y vino siendo el aceyte comprado y no de sus cosechas...». Estas personas aprovechaban su condición de religiosos que les eximía del pago de impuestos a la Real Hacienda para dedicarse ilegalmente a un comercio sumamente lucrativo, que les alejaba totalmente de las máximas que habían jurado al vestir el hábito. El mecanismo comercial en el que intervenían lo explica el corregidor de la siguiente manera: «...desto resulta otro grabe daño que se vendan a precios más subidos porque las personas que compran los dichos carneros para revender como no pagan derechos de alcabalas, sisas ni otras imposiciones, los compran más caros porque los pueden sanear, lo que no hace el marchante que los compra para vender en das carnicerías que no los puede sanear si no es vendiendo a precio muy subido porque en este tiempo se compra un carnero a por veintiquatro reales y a ellos les sale por vendidos a quarenta y dos resales...».
El problema continuaría en el reinado de Carlos II. A la muerte de Felipe IV, su padre, la reina ordena a la ciudad de Úbeda, igual que a las otras ciudades y villas de España, que se hiciesen exequias por su esposo y se alzase el pendón por el nuevo monarca; asimismo dispuso que todos los mayores de catorce años llevaran obligatoriamente por luto un sayón negro con caperuza echada durante todo un mes.
La administración de Úbeda se hallaba en una situación penosa en 1666, año en el que no llegó a venderse carne en las carnicerías oficiales. Las causas hay que buscarlas de nuevo en la competencia que hacían los trinitarios, al vender sin autorización carne a dos maravedís más barata la libra, precisamente los dos maravedfs de gravamen para el pago del impuesto de millones a la Real Hacienda.
El alcalde mayor, don Benito Navarro Guerrero, se propuso corregir abusos y acabar con la corrupción existente. Harto de ver el nulo efecto que causaban los bandos promulgados hasta esa fecha y la nula capacidad disuasoria que habían manifestado sus predecesores en el cargo, optó un buen día por salir al campo con sus ministros y guardas y proceder a requisar el ganado de los frailes al lego que dos guardaba, no sin entes tener que vencer su resistencia. El cronista Ruiz Prieto, en su «Historia de Úbeda», nos cuenta los pormenores del incidente: «...al enterarse de este hecho, los frailes salieron armados par la calle de Mesones y desde el arco de San Juan de Dios que divisaron al alcaide y su comitiva empezaron a tiros, viendose la autoridad obligada a ampararse en el próximo convento de la Victoria... Muchos caballeros salieron a apaciguar el tumulto, no sin trabajo». La situación continuó agravándose en los días siguientes. Los frailes recuperaron su ganado y el alcalde se lo volvió a quitar, pero esta vez, para zanjar la cuestión, lo condujo a las carnicerías oficiales para su matanza y puesta en venta. De paso cortó el abastecimiento de agua al convento y dio cuenta del escandaloso tumulto al corregidor y al rey. El padre provincial dio a la ciudad explicaciones suficientes del suceso como para que el alcalde se diera por satisfecho y devolviese el agua al convento.
En el año siguiente —1667— se registra una sanción a jurados y caballeros regidores (catorce en total) por su inasistencia a la procesión del Santísimo Sacramento; se les impusieron cinco ducados a los primeros y seis a los segundos. Lo que desconocemos es si este hecho guarda relación o no con dos graves acontecimientos del año anterior y la actitud de los caballeros podría interpretarse como un desaire el clero ubetense.
Entre tanto, el alcalde Navarro había caído en desgracia, llegando a ser encarcelado por orden de la Real Chancillería de Granada. En la sesión del cabildo celebrada el 1 de octubre de 1666, el caballero veintiquatro, don Luis de la Cueva Guzmán, solicitaba para él arresto domiciliario tras denunciar una serie de faltas en las que había incurrido. Entre otras cuestiones, le acusaba de no haber puesto orden en las carnicerías, pese a los doscientos ducados que le entregó la ciudad para tal fin, de haber cometido abusos en perjuicio de la Real Hacienda, de haberse entrometido en la cobranza de mesadas y otras rentas. Asimismo se le acusaba de haber enviado fuera de la ciudad todos sus bienes y hasta de querer ausentarse de Úbeda al saberse próximo el nombramiento de nuevas autoridades ante las que posiblemente tenía que rendir cuentas.
Juan MARTÍN PÉREZ
Luis JUAN GÓMEZ
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