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El 29 de junio del año pasado el ministro de Industria del momento, un tal Joan Clos i Matheu –que el diablo guarde y confunda–, andaba en la embajada española en Astaná, capital de Kazajistán. Para cometer sus barbaridades los políticos siempre se han hecho los suecos, pero Clos decidió no viajar a tan civilizado país como Suecia –no fuese que se le pegase algo de respeto a los ciudadanos– y se fue al Cáucaso a firmar el Real Decreto 871/2007 por el que se ajustan las tarifas nocturnas a partir del 1 de julio del año pasado.
A estas alturas el Decreto sigue siendo un gran desconocido para muchas familias españolas, pero en apenas un mes se sumará a las pesadillas que ya sacuden sus bolsillos. Entre las muchas barbaridades decretadas –en cualquier país civilizado los juristas del Estado reclamarían el derecho de objeción de conciencia antes de escribir tales cosas– está la del artículo 1, que sin pudor alguno y por adelantado dice que entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2007 las eléctricas españolas tendrían (tuvieron) un déficit de… ¡750.000 miles de euros! (perdonen la expresión, pero el lumbreras que redactó el artículo puso eso: “750.000 miles de euros”). Claro, y nosotros nos chupamos el dedo: las eléctricas pierden dinero y por eso hasta hace unos meses andaban todos locos perdidos por ver quien se quedaba con el negocio. ¿Recuerdan ustedes el follón empresarial y político que se montó con lo de la opa a Endesa? ¿De verdad piensan que si las eléctricas perdieran tanto dinero iban a andar a tortazo limpio para comprarlas?
Más allá de esta burla de nuestra inteligencia, el Decreto atenta directamente contra los intereses de millón y medio de familias: su disposición transitoria primera dice, literalmente, que “A partir del 1 de julio de 2008 desaparece la tarifa 2.0 con discriminación horaria nocturna”. Sin más explicaciones. ¿Qué significa esto? Pues que a partir del 1 de julio próximo los contratos que cientos de miles de españolitos tienen firmados con las eléctricas dejan de tener validez jurídica. O sea, que esos contratos no sirven, que son papel mojado; que si esas familias se gastaron un buen dinero para instalar acumuladores de calor, ahora su inversión pasa a engrosar la lista de beneficios de las eléctricas; que nos dejan sin tarifa nocturna porque sí y por el morro. Y tan porque sí que a fecha de hoy las eléctricas todavía no han comunicado a sus clientes que, de acuerdo con el capricho del gobierno del Reino –me resisto a escribir “gobierno de la Nación”, porque eso significa ciudadanía y derechos, que aquí se han pisoteado–, el 1 de julio sus contratos dejan de tener validez jurídica y que están obligados a acogerse a otra situación. Porque para más burla y escarnio de los ciudadanos, el infame Decreto establece que es obligación de los consumidores el comunicar a la empresa a cuál de las nuevas tarifas desean acogerse, adjudicando el Real Decreto tarifas por cuenta propia para los indefensos y desinformados ciudadanos que no hagan las gestiones a que se les obliga. Las asociaciones de consumidores ya han recomendado, sabiamente, que nadie mueva un dedo en este sentido: pedir un nuevo contrato es dar por buena la aberración jurídica que supone el Decreto.
En cualquier caso, en unas semanas asistiremos con absoluta impotencia a una violación masiva de nuestros derechos. O de nuestros supuestos derechos, porque los calambres que produce el Decreto dejan clara una cosa, por si alguien tenía dudas: los españoles seguimos teniendo más de súbditos de señores feudales que de supuestos ciudadanos en un país teóricamente constituido en Estado Social y Democrático de Derecho. Eso por no hablar de que nos consideran imbéciles y hasta puede que tengan razón: sin ir más lejos, el ministro Sebastián –sí, ese que hizo el ridículo en las elecciones municipales en Madrid– tiene la cara dura de decir que no desaparece la tarifa nocturna sino que se amplía. Y se queda tan ancho.
Este Decreto del gobierno –y la actitud cobarde, cuando no chulesca, de sus ministros de Industria– deja a España en situación jurídica similar a la de las repúblicas bananeras, por la inseguridad jurídica que genera. Con el Decreto 871 nos acercamos más a Venezuela o a Bolivia que a los países democráticos con los que en Europa compartimos espacio pero no comportamientos ni ideales, según parece. Miles de familias se acogieron a la tarifa nocturna que ahora desaparece con el convencimiento de que en un Estado de Derecho los contratos tienen fuerza de ley. Comprueban ahora que no es cierto: que aquí lo único que tiene fuerza de ley es la obligación de que entre todos paguemos el creciente negocio de las eléctricas. Para un Estado de Derecho garantizar la seguridad jurídica es fundamental, pero después del Decreto 871/2007, ¿quién puede garantizarnos que dentro unos años no se volverán a cambiar por real decreto nuestros contratos con las eléctricas, si así conviene a los intereses de las mismas o a los caprichos de los políticos de turno?
El Decreto del apagón no sólo se burla de los ciudadanos y apaga sus derechos: además, se orina encima de la Constitución, por más que los jueces y los constitucionalistas –que se la cogen con el papel de fumar de los poderosos– le hagan palmas a la validez jurídica de la norma. Pues muy bien: pero a los que cobramos bastante menos que los magistrados del Tribunal Constitucional nos costará creer, a partir del 1 de julio, en el artículo 1.1. de la Constitución, ese que dice que España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho que –entre otros– propugna como valor supremo de su ordenamiento jurídico la justicia. O consideraremos que resulta indiferente para nuestros supuestos derechos que figure en el texto constitucional el artículo 9, pues el Real Decreto 871/2007 dinamita la seguridad jurídica, dejando a los ciudadanos al albur de los caprichos de los políticos y de las multinacionales. Y por supuesto nos parecerá que se ríen de nosotros cuando nos reciten el artículo 24 para decirnos que los ciudadanos no podemos quedarnos indefensos. Por no hablar de la chanza que producirá el artículo 39, ese que burlonamente dice que “Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.” Y, para terminar, quedará convertido en puro esperpento el artículo 51.1., que habla de que “Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.”
Hace poco le preguntaron a Luis Francisco Esplá –filósofo de la vida– qué le habría gustado ser si no hubiera sido torero: respondió que un bandolero romántico, de aquellos que en el siglo XIX robaban a los ricos en las serranías andaluzas para darle a los pobres, porque dejó bien claro que los bandoleros de hoy van de traje y corbata y a esos no quiere parecerse. Lo que no dijo es que los nuevos bandoleros ocupan ministerios y desde Astaná le roban a los pobres para darle a los ricos.
Se están poniendo caros la luz y el ser español, porque difícilmente puede uno creer en un país que se ríe a carcajadas de sus ciudadanos. Tal vez lo que pretende el gobierno, poniendo la luz a precio de oro, es que vivamos a oscuras para no ver la triste realidad de este país que no acaba de salir de las oligarquías y los caciquismos. Goethe, cuando moría, pedía más luz, para ver los caminos de la eternidad. Ahora tendremos que recorrer a oscuras el estrecho y mileurista camino del día a día. Se lo debemos al bandolero Clos: que el diablo lo guarde, sí, pero lejos, muy lejos de nosotros, que no necesitaremos verlo para acordarnos de él y de todos sus ascendentes el martes 1 de julio.
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