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Quienes confiaron en la publicidad institucional y empresarial [ya saben, energía limpia, ecológica, beneficiosa para el sistema eléctrico, bla, bla] se adaptaron al modelo de tarifa nocturna y realizaron transformaciones en sus negocios y viviendas con inversiones que ya nunca van a amortizar.
Suscribieron contratos y adoptaron decisiones económicas cuantiosas. El Gobierno ahora no sube el precio de la energía a los usuarios de la tarifa nocturna. Elimina esa tarifa (que era la base fáctica de un millón y medio de contratos) e impone obligatoriamente nuevas y penosísimas condiciones contractuales a unos usuarios que tenía la obligación moral, legal y constitucional de proteger.
Un millón y medio de familias ven ahora cómo su inversión para adaptarse a la tarifa nocturna, que en la mayoría de los casos sólo era amortizable en el medio plazo, les impone pagar el suministro eléctrico a un precio que en muchos casos no podrán afrontar. Eso es contrastable.
Que el déficit tarifario lo acabarán recuperando las compañías eléctricas, es más que predecible. Esta arbitrariedad gubernamental, que reportará pingües beneficios a las eléctricas, no es sino el pago de los intereses de ese déficit tarifario a cambio de llevarlo, "como sea", unos años más allá.
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