| |
No resulta fácil la tarea de leer el articulado de la propuesta de Estatuto de Cataluña. Es un texto largo y farragoso que pormenorizadamente interviene todos los aspectos de la vida catalana. Por su parte, es imposible hacer, en este breve espacio, un repaso de todas las cuestiones discutibles que la propuesta catalanista suscita.
Más difícil resulta hacerlo desde la serenidad, pues el debate sobre el "Estatut" va camino de encanallar toda la vida política española, ocultando la razonable necesidad de reforma de los estatutos de autonomía para adaptarlos a la nueva realidad española. Es necesario reflexionar sin aspavientos ni mensajes dramáticos o anticalanistas, pero con clara conciencia de los riesgos que para la convivencia implica el nuevo Estatuto catalán. Desde esa serenidad creo que es imprescindible debatir sobre dos asuntos esenciales: la filosofía nacional que subyace en el Estatuto (y el concepto de bilateralidad íntimamente ligado a esa concepción) y la difícil situación en que el proceso de reforma sitúa al socialismo español.
CATALUÑA ES UNA NACIÓN
Esa afirmación es el soporte filosófico esencial de la propuesta de Estatuto. Sin esta idea el conjunto del texto carece de sentido.
El Preámbulo del Estatuto es un ejemplo perfecto del mecanismo de creación ideológica nacionalista. La filosofía del Estatuto se fundamenta en que Cataluña es un precipitado histórico de luchas por sus libertades nacionales (que excluye a los catalanes no nacionalistas). Pero también, un proyecto mediatizado por la pertenencia de Cataluña al Estado Español. Se dice sin reservas que el Estatuto, movido por la memoria, se mueve también por "la aspiración, el proyecto y el sueño de una Cataluña sin ningún tipo de obstáculos a la libre y plena interdependencia que una nación necesita hoy".
|
El nuevo Estatuto sería un paso más en el "proceso de construcción nacional", a través del cual la nación catalana expresaría "su voluntad de ser y de seguir avanzando en el reconocimiento de su identidad colectiva". Dibuja, pues, un proceso inconcluso porque en su filosofía subyacen las ideas de ausencia y deficiencia. El Estatuto ahonda en la construcción nacional de Cataluña, pero ésta no se realiza plenamente porque, pese a la proclamación de los "derechos históricos de que dispone Cataluña" a determinar libremente su futuro como pueblo, el derecho de secesión seguiría siendo el gran ausente en el Estado Español. Y esa ausencia hace deficiente el marco jurídico que inaugura el Estatuto. El Estatuto, avanzando en la construcción nacional catalana, surge con la vocación de abrir un camino que permita subsanar, en el futuro, la ausencia del derecho de secesión y la deficiencia a que esto da lugar.
La vía de reparación son los derechos históricos: la historia se pone por encima del derecho y del orden jurídico, y se la consagra como un todo moral que marca la existencia de los individuos, definidos por su pertenencia a la nación, y que sacrifica la libertad de la ciudadanía a la grandeza de la patria catalana. Sobre la base de ese mito (el derecho histórico de Cataluña a ser una nación libre) se reclamará en el futuro el reconocimiento del derecho de Cataluña a la independencia, que, suponemos, debe ser el último paso en su proceso de construcción nacional.
Como en todas las construcciones nacionalistas, la Cataluña de la propuesta de Estatuto es un ente cerrado, un todo sin fisuras. Y así, todo el pueblo catalán habría defendido a la Generalidad a lo largo de los siglos, y todo él sería depositario, guardián y fiel defensor de los derechos históricos catalanes. Por su parte, Cataluña estaría definida por una única "tradición política democrática", opuesta al oscurantismo español que niega los derechos de las naciones que integran el Estado.
Mitificada la historia del ideal nacionalista catalán resulta lógico que Cataluña se arrogue el derecho de definir a España: "Cataluña considera que España es un Estado plurinacional". A la Cataluña nacionalizada no le sirve la definición que el artículo 2 de la Constitución da de la Nación Española, pues para la Cataluña del "Estatut" no existe esa Nación sino un mero marco jurídico, frío y burocrático –el Estado Español– en el que conviven, de peor o mejor gana, diversas naciones portadoras del derecho histórico a la independencia.
Negando el carácter nacional de España y afirmando la historia nacional catalana como la única cierta, el poder catalán sustrae su legitimidad del marco de la Constitución Española. Y así, el artículo 2.4 del proyecto de Estatuto dice que "Los poderes de la Generalidad emanan del pueblo de Cataluña y se ejercen de acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto y la Constitución", y el artículo 5 establece que "El autogobierno de Cataluña como nación se fundamenta en los derechos históricos del pueblo catalán". La conclusión de este proyecto filosófico es que el pueblo de Cataluña reviste una cualidad constituyente y soberana, desde la cual transmite su poder a la Generalidad, que debe ejercitarlo de acuerdo con las normas catalanas y, por ahora también, con las normas españolas. Y así, la autonomía catalana no puede emanar de la Constitución Española porque entonces es una "concesión": el poder de la Generalidad viene dado por el pueblo catalán y esa cualidad fundacional es la que lo hace inalienable. Ni la Constitución ni el resto del cuerpo legislativo pueden negar la existencia de ese poder popular catalán porque el mismo históricamente antecede y moralmente supera al orden jurídico español.
LA BILATERIALIDAD DE LAS RELACIONES ENTRE LA GENERALIDAD Y EL ESTADO ESPAÑOL
La bilateralidad es uno de los resultados lógicos de la filosofía nacionalista del "Estatut". Puesto que Cataluña es una nación portadora de derechos históricos fundacionales, "forzada" a estar en el Estado Español (carente de sustancia nacional si no es la que le ofrecen las nacionalidades que existen en su marco jurídico), y puesto que el poder catalán es anterior a un ordenamiento jurídico al que no le cabe más que reconocerlo, ampararlo y regularlo sin cercenar su voluntad, lo lógico es que Cataluña mantenga con el Estado una relación de igual a igual. La actual Cataluña es una parte del Estado, y como tal sometida al mismo, por cuanto adquiere la autonomía de la mano de la Constitución de 1978. La nueva Cataluña se iguala al Estado porque su autonomía viene dada por el poder y la voluntad del pueblo catalán y no por la Constitución de 1978.
Cataluña, que según la propuesta no es una parte de España (reducida a mero Estado plurinacional), se otorga el derecho de tratar como a un par al Estado Español. Cataluña ejerce su derecho a la autonomía creando unilateralmente el principio de plurinacionalidad del Estado y derivando, de ahí, la bilateralidad en sus relaciones con el mismo. La bilateralidad implica la capacidad de la nación catalana y de sus instituciones para imponer determinadas obligaciones al Estado Español. No es posible en este artículo recoger la cantidad de obligaciones que el proyecto de Estatuto marca al resto del Estado, pero cabe señalar ejemplos significativos en los artículos 95, 140, 180, 181, 182 ó 184.
Los artículos reseñados no agotan las obligaciones legales que el Estatuto aprobado por el Parlamento catalán pretende imponer al conjunto de los españoles. Pero son una muestra significativa de la filosofía subyacente en el largo articulado. El inspirador del texto viene a decir que dado que se obliga a Cataluña a vivir en el Estado Español, las instituciones estatales y los españoles tienen que aceptar determinadas imposiciones catalanistas.
La admisión a trámite de la propuesta de Estatuto de Autonomía de Cataluña sitúa al PSOE y, especialmente, al PSC en una complicada situación. Mientras que los máximos dirigentes del PSOE han llegado a decir que en las Cortes Generales se iba a dejar al Estatuto "limpio como una patena", reconociendo que la propuesta resulta en gran parte inconstitucional, el PSC defiende la postura contraria. Y así, en su web oficial, el Partido de los Socialistas de Cataluña, respondiendo a la pregunta de si es cierto que el proyecto de Estatuto pretende desconocer, cambiar o desvirtuar lo establecido en la Constitución, responde que no, que (citamos textualmente) "El proyecto de Estatuto cita más de 25 veces la Constitución española, y según el Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, en estos momentos el proyecto se enmarca en la Constitución, ya que los elementos de inconstitucionalidad que fueron señalados por dicha institución han sido subsanados, y por tanto, el Parlament ha aprobado un texto que no sólo no niega la Constitución, sino que según nuestra máxima institución consultiva, la respeta completamente." La propia Manuela de Madre defendió la plena constitucionalidad de la propuesta durante su intervención en el Congreso de los Diputados el 2 de noviembre.
Si los dirigentes del socialismo catalán piensan esto, ¿qué argumentación darán para votar las enmiendas que realice el PSOE en el Congreso de los Diputados con el objetivo de "limpiar" el Estatuto? ¿Cómo le explicarán ese apoyo a sus socios independentistas y a CiU, embarcados junto al PSC en este proyecto nacionalista? Pero sobre todo, ¿cómo le explicarán a sus votantes que mientras que en Cataluña defienden la plena constitucionalidad del proyecto en Madrid apoyan las modificaciones... para hacerlo constitucional? A todo esto cabe sumar un dilema mayor: ¿cómo podrá adaptarse el texto a la Constitución, cómo se le podrá dejar "limpio", sin tocar páginas enteras del proyecto? Difícilmente se podrá dar brillo constitucional a la propuesta de Estatuto sin alterar profundamente el contenido del Preámbulo, del Título Preliminar, del Capítulo III del Título I (De los derechos y deberes lingüísticos), la Sección Primera del Capítulo VI del Título II (Organización territorial local), el Título III (Del Poder Judicial en Cataluña), el Título IV (De las competencias), el Título V (De las relaciones de la Generalidad con el Estado, con otras Comunidades Autónomas, con la Unión Europea, y de la Acción Exterior de la Generalidad) o del Título VI (De la financiación de la Generalidad y la aportación catalana a la Hacienda del Estado). Ajustar la propuesta de los parlamentarios catalanes a la Constitución implica realizar un texto prácticamente nuevo.
En las Cortes Generales se aprobarán las enmiendas necesarias para subsanar la multitud de "deficiencias constitucionales" que presenta el Estatuto. Pero, ¿qué harán los partidos nacionalistas catalanes promotores de la propuesta a medida que se vayan aprobando las enmiendas que desvirtúen su texto? Una mayoría de CiU, ERC e Iniciativa Per Catalunya en el Parlamento Catalán podría retirar el texto del Congreso de los Diputados si las enmiendas alterasen sustancialmente la propuesta, algo previsible desde la lógica constitucional. ¿En qué posición quedaría entonces el PSC? O, llegado el caso, ¿qué voto pedirá cada uno de los partidos cuando se someta el texto reformado a referéndum?
En este momento hay mil interrogantes abiertos en el seno del Partido Socialista. Las dudas sobre las consecuencias del debate del Estatuto en el Congreso de los Diputados, donde el PSOE deberá enderezar el entuerto creado por el PSC, mantienen abiertas las heridas entre los militantes, simpatizantes y votantes socialistas.
La convicción de que la serenidad, la capacidad de diálogo y la razonabilidad deben imponerse en la búsqueda de soluciones no anula la exigencia de las bases socialistas de una afirmación claramente constitucional y, más aún, claramente española: el PSOE debe dejar claro que no transigirá con ningún aspecto del Estatuto que vulnere la Constitución de 1978 o que ataque los legítimos sentimientos de los españoles. Igual de claro debe dejar que no tolerará ataques a la convivencia entre los ciudadanos de cada una de las nacionalidades o regiones, sea cuál sea su sentimiento de pertenencia nacional, ni ataques a Cataluña. Ese claro compromiso es el que piden las bases de una fuerza política determinante en la articulación de España, y a él no puede renunciar sus dirigentes: preferible es reconocer el error de haber dado lugar al "Plan Maragall" antes que abundar en un error mayor, en que sólo quepan ya las razones de separatistas y separadores.
En esta aventura la única ventaja con la que juega el PSOE es la radicalidad del PP, que puede resultarle beneficiosa electoralmente a costa de incendiar el país, pero que difícilmente podrá mantener hasta el final de la legislatura.
El PP se ha opuesto al Estatuto alegando que el mismo modifica la Constitución. Es falso: las Cortes Generales no aprueban ninguna ley (y los estatutos de autonomía lo son) que modifique la Constitución. Cuando chocan Constitución y ley no se modifica la primera sino que se declara inconstitucional la segunda. Aunque el Estatuto catalán se aprobara tal y como lo ha remitido el Parlamento de Cataluña, no modificaría la Constitución sino que todos sus aspectos que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucionales no se aplicarían.
Tras el debate del 2 de noviembre en el Congreso de los Diputados late la sensación amarga de que hemos perdido una oportunidad extraordinaria para afrontar la necesaria modernización del Estado autonómico, desde el respeto al espíritu constitucional y a la necesidad de convivencia de los españoles. Esa reforma debería haberse centrado en los principios de eficacia en la gestión y responsabilidad en la administración. Pero el proyecto catalán no centra el debate en la búsqueda de la funcionalidad de las instituciones y administraciones para conseguir mayores cotas de bienestar de los ciudadanos, sino que electriza los sentimientos nacionales en todo el país: lo importante ya no va a ser que el sistema funcione mejor o peor sino sumar los agravios hechos a las naciones catalana o española.
El juego político, mientras, sigue ajeno al hastío de los ciudadanos. Y así, de la capacidad del PP para mantener sus argumentos tremendistas y dramáticos, inservibles para el debate por su radicalidad pero poderosos (y peligrosos) socialmente, y del PSOE para navegar en el barco de la Constitución con el ancla del PSC en el costado, sorteando las procelosas aguas de la marejada nacionalista, dependerá en gran parte el resultado de esta aventura y, muy principalmente, el de las elecciones generales de ¿2008?
Manuel Madrid Delgado
|
