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Si queda algún español serio y digno que al leer el artículo 1º de la Constitución –ese que habla del Estado social y democrático de Derecho– pueda contener la carcajada que levante la mano…. Nada, ni una mano levantada, porque día sí y día también tenemos argumentos para troncharnos de risa con las cosas de este país. No vamos a hablar hoy del atraco masivo perpetrado por el Decreto Clos, que acaba de un plumazo con la tarifa nocturna eléctrica para mayor abundamiento de las cuentas de las eléctricas: ya volveremos largo, tendido y cabreado a este asunto vergonzoso. Hoy, toca el caso de Enaitz Irondo, un chaval que murió el 26 de agosto de 2004 tras ser atropellado por Tomás Delgado, que circulaba en su coche de lujo a 170 kilómetros por hora –kilómetro arriba kilómetro abajo– y, según parece, iba algo colado de alcohol –copa arriba copa abajo. Pues bien, tras un cúmulo de despropósitos, Tomás Delgado se fue de rositas y su compañía de seguros le pagó a los padres del chaval 33.000 euros.
Esto no nos extraña, porque sabemos que para políticos y jueces españoles la vida es algo de poco valor: por ejemplo, se puede violar y matar a un niño y estar en la calle en doce o trece años, que a ese precio vende una vida humana este “Estado de Derecho”. Tampoco es que nos haya extrañado mucho que el tal Tomás haya denunciado a los padres del joven muerto para que le paguen los 20.000 euros que costó arreglar su lujoso coche y alquilar otro mientras estaba aquél en el taller. Ya advirtió este tipo –por lo visto en televisión suponemos que no debe andar corto en chulería y sí sobrado en falta de escrúpulos– que él, necesitar el dinero no lo necesita, pero que tampoco tenía porqué perderlo. Claro, si una vida se compra con poco más de cinco millones o con dos quinquenios de cárcel, ¿por qué narices va uno a renunciar a un puñado de euros si su precio es sólo aumentar el dolor de unos padres deshechos? Supongo yo que en cualquier país respetable una persona como ésta habría sido detenida nada más firmar su denigrante denuncia. Aquí –en otro alarde de seriedad por parte de la “justicia”– hemos tenido que esperar a que los padres comenzarán una dolorosa romería de denuncias públicas para que el fiscal decida reabrir el caso contra Tomás Delgado y para que éste renunciara, ayer mismo, al dinero que reclamaba a los padres de Enaitz.
Si estas cosas –que cada día padecen miles de españoles indefensos ante los legisladores y los tribunales– no tuvieran detrás tantas lágrimas embalsadas, producirían general regocijo. Por desgracia, sólo nos cabe sentarnos a la orilla de esta democracia anémica y suspirar o llorar: no estamos homologados con Dinamarca o Gran Bretaña, sino con Venezuela o Rumanía. Lo que nos diferencia de éstas es que aquí jugamos en la división de honor de las repúblicas bananeras. ¡Cuánto tiene Chávez que aprender de nuestras leyes penales y de nuestros decretos eléctricos!
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